DIDE
Programa Estatal de Educación para la Prevención del Sida

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Una educación sexual integral protege a los niños y a las niñas, y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva

La sexualidad es una parte integral de la vida humana. Tanto los niños y niñas como los jóvenes tienen derecho a recibir una información fiable, científica e integral sobre esta cuestión. Sin embargo, la educación sexual en las escuelas es un tema delicado. Desde que se introdujo por primera vez en el currículo escolar europeo en la década de 1970, padres y madres, líderes religiosos y políticos han debatido, a menudo con posturas muy polarizadas, sobre qué debe enseñarse y a qué edades.

Muchos Estados miembros del Consejo de Europa han hecho progresos considerables en las últimas décadas para impartir esta educación y mejorar su contenido, de tal manera que vaya más allá de la biología y la reproducción y que realmente permita a los niños y niñas conocer su propio cuerpo y sus derechos, y les informe sobre la igualdad de género, la orientación sexual, la identidad de género y las relaciones saludables (un enfoque que a menudo se denomina educación sexual integral).

Una nueva resistencia a la educación sexual

A pesar de la abrumadora evidencia de que la educación sexual integral beneficia a los niños y niñas, y a la sociedad en general, actualmente nos enfrentamos a una renovada oposición a que se impartan cursos de educación sexual obligatoria en las escuelas. Esta resistencia es a menudo el resultado de una oposición más amplia al pleno ejercicio de los derechos humanos por parte de grupos específicos, en particular mujeres, lesbianas, gais, bisexuales, personas transgénero e intersexuales (LGBTI) y, en cierta medida, de los propios niños y niñas, basada en la idea de que ello amenazaría valores tradicionales y religiosos.

En 2019, un grupo de ciudadanos presentó al Parlamento polaco un proyecto de ley titulado "Alto a la pedofilia". Este proyecto prevé la introducción de penas severas, entre las que se incluye la prisión, para cualquier persona que, trabajando en el contexto educativo o en las instalaciones de la escuela, "propague o apruebe la práctica de relaciones sexuales o de cualquier otro acto sexual por los menores". He expresado mi honda preocupación de que dicho proyecto de ley se pudiera utilizar para penalizar de forma efectiva la impartición de educación sexual a los niños y niñas en edad escolar. Más recientemente, el Presidente de Polonia, que se presentaba como candidato para un segundo mandato, prometió en su campaña electoral que prohibiría que en las escuelas se informara sobre temas LGBT durante las clases de educación sexual. El año pasado, en Birmingham (Reino Unido), las comunidades religiosas y los padres y madres organizaron protestas frente a escuelas cuyo alumnado recibía información sobre relaciones entre personas del mismo sexo y sobre temas transgénero. La reciente adopción, en junio de 2020, por el Parlamento rumano, de un proyecto de ley que deroga la impartición obligatoria de educación sexual integral en los planes de estudio escolares es otro ejemplo de esta nueva oposición al derecho de los niños y niñas a la educación sexual. Este giro legislativo se produjo tras la adopción, a principios de 2020, de una legislación que introducía dicha educación sexual obligatoria en las escuelas, una iniciativa que las organizaciones religiosas calificaron como "un ataque contra la inocencia de los niños y niñas".

En Italia, tal y como señaló el Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (GREVIO), que supervisa la implementación del Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica (el Convenio de Estambul), se ha detenido la iniciativa gubernamental lanzada en 2015 para preparar las "Directrices nacionales para la educación sobre afectividad, sexualidad y salud reproductiva en las escuelas" debido a la creciente resistencia a la educación sobre sexualidad y a la estigmatización de quienes participan en ellas, a menudo promovida a través de campañas de desinformación sobre el contenido de dicha educación. En España, en la comunidad autónoma de Murcia, los padres y madres tienen actualmente la potestad de solicitar que sus hijos e hijas no acudan a ciertas clases impartidas por educadores externos, si consideran que el tema o los formadores no coinciden con sus puntos de vista sobre ciertas cuestiones. Esto podría tener un impacto negativo en el acceso de estos niños y niñas a la educación sobre sexualidad y relaciones sexuales, ya que esta materia, así como otros contenidos relacionados con la educación en derechos humanos, es a menudo impartida por profesionales externos, dentro del contexto del plan de estudios ordinario.

Desmontar los mitos sobre la educación sexual integral

En todo el continente europeo se han multiplicado las campañas que difunden información distorsionada o engañosa sobre los currículos de educación sexual existentes. Dichas campañas han presentado la educación sexual como algo que sexualiza a los niños y niñas a una edad temprana, como "propaganda a favor de la homosexualidad", como difusión de la "ideología de género" y como una privación a los padres y madres de su derecho a educar a sus hijos e hijas en conformidad con sus valores y creencias. Se difunde deliberadamente desinformación sobre los contenidos reales del plan de estudios para atemorizar a los padres y madres.

Es hora de dejar las cosas claras. La UNESCO ha descrito los objetivos de la educación sexual como "enseñar y aprender sobre los aspectos cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad". Su objetivo es dotar a los niños y niñas, y a los jóvenes, de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que les empoderen para: ser conscientes de su salud, su bienestar y su dignidad; desarrollar relaciones sociales y sexuales respetuosas; valorar cómo sus elecciones afectan a su propio bienestar y al de los demás; y comprender y garantizar la protección de sus derechos durante toda su vida".

Contrariamente a lo que afirman sus detractores, las investigaciones llevadas a cabo a nivel nacional e internacional han demostrado los beneficios de una educación sexual integral, entre los que se incluyen: una iniciación sexual tardía; una reducción en la toma de riesgos; un mayor uso de anticonceptivos; y mejores actitudes relacionadas con la salud sexual y reproductiva.

La educación sexual en las escuelas es hoy más necesaria que nunca, ya que los niños y niñas, en la mayoría de los casos, pueden obtener información -y de hecho la obtienen- a través de otros medios, en particular a través de Internet y de las redes sociales. Si bien estas fuentes de información pueden ser útiles y apropiadas, pueden transmitir igualmente una imagen distorsionada de la sexualidad y no aportar información sobre aquellos aspectos de la sexualidad relacionados con las emociones y los derechos. Por otro lado, a través de los sitios web o las redes sociales, los niños y niñas pueden acceder también a información científicamente inexacta, como por ejemplo, en materia de anticoncepción.

Merece la pena insistir en que la educación sexual en las escuelas es un complemento y no un sustituto de lo que pueden compartir los padres y las madres en el hogar. Sin embargo, es un tema que no se puede dejar completamente en manos de las familias. ¿En qué otro campo científico delegaríamos la educación de nuestros hijos e hijas a Internet o a las familias de forma exclusiva?

La educación sexual integral es una poderosa herramienta para combatir la violencia, el abuso y la discriminación, y para promover el respeto por la diversidad

Los beneficios de la educación sexual, cuando es integral, van mucho más allá de la mera información sobre la reproducción y los riesgos para la salud asociados con la sexualidad.

La educación sexual es esencial para prevenir y combatir el abuso sexual contra los niños y niñas, la violencia sexual y la explotación sexual. El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (“el Convenio de Lanzarote”) exige a los Estados que “adopten las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para que los niños reciban, durante su educación primaria y secundaria, información sobre los riesgos de explotación y abuso sexual, así como sobre los medios para protegerse, adaptada a su etapa evolutiva". El Comité de Lanzarote, encargado de hacer el seguimiento de la implementación de la Convención, destacó, por ejemplo, que el ambiente escolar era particularmente apropiado para informar sobre el problema generalizado del abuso sexual contra niños y niñas dentro del entorno familiar o de su "círculo de confianza".

La importancia de la educación sexual para evitar que los niños y niñas sean víctimas de delincuentes sexuales en Internet se ha puesto de manifiesto durante el período de confinamiento causado por la pandemia de la COVID-19. Tal y como ha señalado el Comité de Lanzarote, durante este período, los niños y niñas se han vuelto cada vez más vulnerables al acoso sexual en línea, a la extorsión sexual, al ciberacoso o a otras formas de explotación sexual, a los que tienen acceso por medio de las tecnologías de la información y la comunicación. El Comité instó a los Estados a intensificar la información sobre los riesgos y los derechos de los niños y niñas que navegan en Internet, así como los servicios de asesoramiento y apoyo. En este contexto, he observado con interés cómo en algunos países, como Estonia, se siguió impartiendo la educación sexual como parte de la educación en línea.

Del mismo modo, la educación sexual es crucial para prevenir la violencia de género y la discriminación contra las mujeres. Por lo tanto, debería contribuir a transmitir, desde las primeras etapas de la educación, mensajes claros a favor de la igualdad entre mujeres y hombres, promover roles de género no estereotipados, y educar en cuanto al respeto mutuo, al consentimiento en las relaciones sexuales, a la resolución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales y al respeto a la integridad personal, tal y como se exige en el Convenio de Estambul.

Este también es un contexto ideal para concienciar sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluido el acceso a la anticoncepción moderna y al aborto seguro. Los estudios llevados a cabo en Europa bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la tasa de natalidad en adolescentes tiende a ser mucho más alta en países como Bulgaria y Georgia, donde no existen programas obligatorios de educación integral en sexualidad. El embarazo precoz no solo es potencialmente muy perjudicial para la salud de las adolescentes, sino que también limita seriamente sus oportunidades educativas.

Los planes de estudio existentes sobre educación sexual tienden con frecuencia a excluir por completo a las personas LGBTI y a los problemas que les conciernen, o incluso tienden a estigmatizarlas. Y sin embargo, la juventud LGBTI se enfrenta a menudo al acoso escolar y corre un mayor riesgo de autolesionarse o suicidarse debido al rechazo social que su orientación sexual origina. Al igual que todos los demás niños y niñas, se les debe proporcionar una educación sexual integral que satisfaga sus necesidades. Por lo tanto, la educación sexual debe incluir información relevante para ellos y ellas, que sea científicamente rigurosa y apropiada para su edad. Se trata, en definitiva, de ayudar a los niños y niñas a comprender qué es la orientación sexual y la identidad de género, y a desmontar mitos y estereotipos comunes sobre las personas LGBTI.

Al proporcionar información objetiva y no estigmatizante sobre la orientación sexual y la identidad de género, como un aspecto del desarrollo humano, la educación sexual integral puede ayudar a salvar vidas. Puede contribuir a combatir la homofobia y la transfobia, en la escuela y en otros medios, y a crear un entorno de aprendizaje más seguro e inclusivo para todos y todas.

Los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir una educación sexual integral

Los organismos internacionales de derechos humanos han establecido que los niños, niñas y jóvenes tienen derecho a recibir una educación sexual integral, rigurosa, científicamente sólida y culturalmente sensible, basada en la normativa internacional existente. Esta normativa incluye la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y, a nivel europeo, la Carta Social Europea y los Convenios anteriormente mencionados de Lanzarote y Estambul.

El derecho a recibir una educación sexual integral se deriva de una serie de derechos protegidos, como el derecho a vivir libre de violencia y discriminación, el derecho al más alto nivel posible de salud mental y física, pero también el derecho a recibir e impartir información y el derecho a una educación inclusiva y de calidad, incluida la educación en derechos humanos. En un informe de 2010 sobre educación sexual, el Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación señaló que “la educación sexual debe ser considerada un derecho en sí mismo, obviamente asociado a otros tantos bajo el principio de la interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos". La necesidad de la educación sexual también se reconoce en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y es necesaria para lograr varios de los objetivos incluidos en la agenda.

Pasos clave para mejorar la impartición de una educación sexual integral

Una educación sexual integral forma parte de una educación de calidad. Por lo tanto, debería estar prevista por ley, ser obligatoria y estar integrada en todo el sistema educativo desde el comienzo de la escolaridad. Es preocupante que, según una encuesta de 2018, la educación sexual fuera obligatoria únicamente en 11 de los 22 Estados miembros del Consejo de Europa analizados.

Quienes se oponen a la educación sexual abogan a menudo por el derecho de los padres y madres a decidir si desean o no, para sus hijos e hijas, una educación sexual obligatoria. Sin embargo, las normas internacionales de derechos humanos sobre el derecho a la libertad de religión o de creencias no autorizan a los padres y madres a retirar a sus hijos e hijas de las clases de educación sexual donde se transmite información relevante de manera objetiva e imparcial, algo que también se destaca en un Documento Temático sobre la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres publicado por mi Oficina en 2017. Por lo tanto, me complace saber que en enero de 2020 el gobierno de Gales eliminó la posibilidad de que los padres y madres impidan a sus hijos e hijas a asistir a aquellas clases que forman parte del plan de estudios sobre sexualidad y relaciones inclusivas.

Los planes de estudio y los métodos pedagógicos deben adaptarse a las diferentes etapas de desarrollo de los niños y niñas y tener en cuenta su nivel de desarrollo. Las Orientaciones Técnicas Internacionales sobre educación en sexualidad, publicadas por la UNESCO en 2018, abarcan una variedad de grupos de edad, que van desde los 5 a 8 años hasta los 15 a 18 años o más. Como se destaca en dichas Orientaciones Técnicas, es esencial que los niños y niñas aprendan sobre la sexualidad y las conductas sexuales más seguras antes de que sean sexualmente activos, con el fin de estar adecuadamente preparados para tener relaciones sanas y consensuadas. La UNESCO también recomienda el uso de enfoques participativos y centrados en el alumnado que permitan a los niños y niñas desarrollar un pensamiento crítico.

La información proporcionada a los niños y niñas como parte de la educación sexual debe ser relevante, tener base científica y basarse en la normativa de derechos humanos. La educación sexual no debería incluir juicios de valor o perpetuar prejuicios y estereotipos. El Comité Europeo de Derechos Sociales hizo hincapié en que "la educación en salud sexual y reproductiva debe proporcionarse a los niños y niñas en la escuela sin discriminación de ningún tipo" y en que no debe utilizarse "como una herramienta para reforzar los estereotipos degradantes ni para perpetuar los diversos prejuicios que contribuyen a la exclusión social de grupos históricamente marginados y de otros grupos que viven una discriminación arraigada y otras formas de desventaja social que tienen el efecto de negar su dignidad humana". Los planes de estudio sobre educación sexual también deberían evaluarse y revisarse periódicamente, a fin de garantizar que sean rigurosos y satisfagan las necesidades existentes.

Es esencial proporcionar a las familias información rigurosa sobre lo que realmente implica la educación sexual -y lo que no implica-, y explicarles los beneficios que dicha educación tiene para todos, no solo para los niños y niñas. Obviamente, para que la educación sexual sea aceptada e implementada con éxito, debe tener en cuenta los contextos culturales y religiosos de la población local y de los padres y madres. Por lo tanto, las escuelas deberían recibir el apoyo necesario para contactar con ellos, incluso con los líderes religiosos si fuera necesario, y tener en cuenta sus puntos de vista, siempre que no contradigan los objetivos mismos de la educación sexual, el interés superior del niño/niña o la normativa de derechos humanos.

Es importante consultar e implicar, desde un principio y ante todo, a los propios jóvenes para garantizar que el contenido de la educación que se les ofrece sea relevante y adaptado a sus necesidades. El aprendizaje entre iguales puede desempeñar un papel importante. Por ejemplo, el Ministerio de Educación de Ucrania decidió a fines de 2019 introducir programas de formación entre iguales sobre educación sexual y prevención del VIH en las escuelas, que serían impartidos por una organización juvenil internacional.

También se debe impartir educación sexual integral a aquellos niños, niñas y jóvenes que están fuera del sistema educativo. Esto es particularmente relevante para los niños, niñas y jóvenes con discapacidad, muchos de los cuales, desafortunadamente, carecen aún de acceso a la educación ordinaria. Su sexualidad tiende a ser ignorada, o incluso percibida como dañina, y por lo tanto a menudo se les priva de cualquier acceso a una información adecuada sobre sexualidad y relaciones sexuales, a pesar de su mayor vulnerabilidad al abuso y a la explotación sexual. La educación sexual por Internet puede ser una herramienta útil para los niños y niñas que no asisten a la escuela, siempre que tengan acceso a espacios digitales seguros e inclusivos.

Por último, es de vital importancia que el personal docente reciba la capacitación y el apoyo especializado necesario para proporcionar una educación sexual integral, independientemente de que parte de dicha enseñanza sea proporcionada además por profesionales externos. Una manera eficaz de garantizar que todo el personal docente esté adecuadamente preparado sería integrar la formación sobre educación sexual en los propios programas generales de formación docente, tal y como se viene haciendo en Estonia y Finlandia. Además, la impartición de una educación sexual por parte de las escuelas debería tener un seguimiento de cerca y evaluarse periódicamente.

Ante el aumento de las críticas y de la resistencia a la educación sexual, es esencial un fuerte liderazgo político que recuerde a la sociedad que el acceso a la educación sexual integral es un derecho humano y que beneficia a todos y a todas. La educación sexual se basa en conocer los propios derechos y en respetar los derechos de las otras personas, en proteger la salud y en adoptar una actitud positiva hacia la sexualidad y las relaciones. También permite la adquisición de competencias valiosas para la vida, como la autoconfianza, el pensamiento crítico y la capacidad de tomar decisiones con la debida información. Obviamente no hay nada de malo en ello.

Dunja Mijatović

 

Referencia:  Una educación sexual integral protege a los niños y a las niñas, y ayuda a construir una sociedad más segura e inclusiva - Human Rights Comments - Commissioner for Human Rights (coe.int)

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